Uno de los peores cánceres que existen en nuestra sociedad es el maltrato infantil, cuya máxima expresión de violencia y atropello a sus derechos es la agudización del trabajo infantil forzado.

El trabajo infantil es un problema complejo que por mucho tiempo se ha asociado sólo como consecuencia de la pobreza, pero es un fenómeno complejo que va más allá de criterios como la edad, la escolaridad o el nivel de ingresos, es decir, es un problema multidimensional que tiene diferentes causas, relacionadas con factores culturales, económicos y políticos. Entre estos, sin lugar a dudas,  la precariedad de los ingresos de los hogares, problemas de salud de los padres; la necesidad de mano de obra barata en algunos sectores de la economía, especialmente de la agricultura; las bajas expectativas en relación con la educación, así como las normas y prácticas sociales que perciben al trabajo infantil como un elemento que contribuye al desarrollo, idealizando que se tiene que mandar a los hijos a trabajar para apoyar a las familias y de esta forma se vayan familiarizando con lo que será su vida de aquí en adelante; contribuyen al reforzamiento y legitimación del trabajo infantil. 

Frente a estos contextos,  se desarrolla la vida de miles de niñas, niños y adolescentes oaxaqueños; rodeadas y envueltos en la mayor diversidad cultural, pero al mismo tiempo, por las mayores contradicciones sociales: por un lado, con la promulgación de  diversas iniciativas, propias y ajenas culturalmente, que los protegen y apoyan en sus formas de vida y tradiciones, pero con enormes carencias económicas que les impiden acceder a sus derechos más elementales,  entre ellos de alimentación, salud, educación,  etc., (Bezaury, J. 2015).

De esta manera, aunque se han diseñado leyes y políticas públicas que promueven la atención de sus derechos humanos como niños y niñas, éstas no han sido suficientes para  impedir que en diversos contextos tengan que trabajar para sobrevivir cada día.

En este sentido, es lamentable y preocupante, identificar que el cumplimiento de los derechos de la niñez enfrenta un escenario complejo y diverso, caracterizado por una gran dispersión demográfica,  altos índices de ruralidad,  pobreza generalizada y de exclusión social en las que vive la gran mayoría de la población, principalmente la población indígena (UNICEF, 2013).

Esta aguda realidad se materializa  frente a las cifras, las cuales demuestran que más de  3.2 millones de menores de entre 5 y 17 se encuentran en situación de trabajo infantil (11% de la población infantil: siendo 62.7% hombres y 37.3%, mujeres) (INEGI, 2017). El 89. 5% (2.1 millones de niñas, niños y adolescentes) se encuentran involucrados en ocupaciones no permitidas por las normativas mexicanas (acorde al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley federal de Trabajo y la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes) (INEGI, 2017). 

Nuestra entidad oaxaqueña se encuentra entre las diez entidades con los más altos niveles de población infantil trabajadora (16.2%) ocupando el sexto lugar; así mismo, se halla entre los siete estados con la más alta tasa de ocupación peligrosa (24.8%), posicionándose 6.6 puntos porcentuales por arriba de la media nacional (18.1%) (INEGI, 2017). 

En Oaxaca se visibiliza que hay alrededor de 168,535 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil o realizando alguna actividad económica, de los cuales 101,904 son niños y 66,631 son niñas (INEGI, 2018), esto del total de la población infantil de 0 a 17 años, que suman 1, 409,772 niños y niñas,  lo que representa el 34.5% del total de la población. De esta forma, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes desarrolla trabajo infantil para poder sobrevivir.

En relación a esto, hay que tomar en cuenta que el 65.4% de la población infantil es indígena y  el 4.9% afromexicana (INEGI, 2015), lo cual refleja el gran mosaico étnico que existe en el estado, así como las grandes complejidades y contextos que cada uno de las niñas, niños y adolescentes enfrenta con cosmovisiones de vida totalmente diversos.

Los datos evidencian que las labores realizadas por niñas, niños y adolescentes que trabajan, atentan contra su desarrollo integral como son: jornadas superiores a las 14 horas (47%), sin un horario regular de trabajo (34%) y sin prestaciones laborales (64%). Lo anterior no les da las posibilidades de continuar con sus estudios (57%) y se les restringen las opciones de disfrutar su infancia, su adolescencia y desarrollo humano.

Al respecto, muchos niños, niñas y adolescentes dejan truncos sus estudios y metas en la vida, se estima que de la población infantil que trabaja en el estado, el 24.5% de las niñas y el 40.5% de los niños, no asisten a la escuela. Mientras, seis de cada diez además de trabajar también tienen que estudiar y realizar quehaceres domésticos (DIGEPO, 2018).

En este contexto, se suma a  esta problemática social, otras formas de violencia y trabajo infantil, que se han querido omitir e invisibilizar dentro del imaginario social, pero que existen y han ido en aumento en los últimos años dentro del estado oaxaqueño:

  1. La servidumbre por deudas y la condición de siervo (identificada en varias comunidades indígenas, sobre todo, las más marginadas), y el trabajo forzoso u obligatorio; 
  2. La venta y la trata de niños, niñas y adolescentes, utilización,  reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; y, 
  3. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de drogas (DIGEPO, 2018).

Estas acciones se suman a una de las peores formas de violencia infantil y al fortalecimiento de una forma de trabajo ilegal, que atropella cada uno de los derechos de los niños y niñas.

La falta de atención de las autoridades en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las malas administraciones gubernamentales, la falta de coordinación entre los diferentes sectores públicos, la carencia de programas y de políticas públicas, así como la falta de sensibilización, solidaridad y empatía dentro de nuestra sociedad; son las bases fundamentales que han propiciado una violencia estructural hacia nuestra niñez y adolescencia dentro y fuera del Oaxaca. 

Lamentablemente, es de reconocer que son niñas y niños,  quienes suelen ser los primeros en sufrir las crisis, las desigualdades e inequidades que imperan en nuestras sociedades; son ellas y ellos, víctimas de una violencia social, quienes pagan las facturas de las malas e inadecuadas decisiones que los gobiernos y sociedades toman.

Nuestro compromiso en Espiral por la Vida, es velar por el bienestar de la niñez y adolescencia, promoviendo campañas de información y sensibilización dirigidas a la población en general de diversas comunidades indígenas del estado oaxaqueño, promoviendo la formación en derechos de niñas, niños y adolescentes,  enfatizando la toma de conciencia para garantizar  los derechos de la niñez y adolescencia, así como la corresponsabilidad que como sociedad tenemos para construir un mejor tejido social que se vea reflejado en el cumplimiento y respeto de todos sus derechos.

Desde Espiral por la Vida, nos alzamos en voz para exigir la erradicación de toda violencia hacia las niñas, niños y adolescentes del estado,  nos proclamamos en la lucha para la abolición del trabajo infantil forzado y así mismo, nos sumamos en defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes de nuestras comunidades, del estado y del país.

Hacemos un llamado a la sociedad en general,  a los diferentes organismos de gobierno, a las autoridades competentes, a los diferentes sectores públicos y privados para sumar esfuerzos y trabajar por el bienestar integral de todos las niñas, niños y adolescentes.